Durante las próximas semanas comienza la discusión de fondo de la nueva Constitución en la Convención Constitucional, y sin duda uno de los temas que marcará agenda será el si se consagra el derecho humano al agua. Y efectivamente será parte de una discusión intensa, pues es parte de las claves de cambios sustantivos en la protección del medioambiente, así también como en poner sobre la mesa la grave crisis hídrica que atraviesa el país y también el mundo entero.
Según ONU – Water, si seguimos en esta situación crítica, el mundo podría enfrentarse a un déficit hídrico global en 2030 de un 40%. Y Chile no es precisamente uno de los países en mejor pie para afrontar dicha situación. Si lo miramos a nivel regional la sequía ha hecho estragos en todos los valles, lo que ha afectado principalmente a la pequeña agricultura y ganadería.

Vale la pena preguntarse entonces: ¿Cómo entenderemos en la nueva Constitución este elemento vital? Recordemos que, en la actual Constitución, en su artículo 19, numeral 24 indica que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Dicho de otra forma, en Chile existe un verdadero “mercado del agua” en el cual dicho bien esencial se transa y se adquiere en base a la capacidad financiera, generando situaciones como las que podemos ver en nuestra región de Coquimbo, donde ciertas actividades productivas monopolizan el recurso, acentuando los estragos de la sequía y dejando en la indefensión completa al resto de la comunidad.
El derecho al agua debe ser consagrado como un derecho humano, y no debemos solamente quedarnos en aquel avance que puede lograr la nueva Constitución. Se tiene que ir más allá, cambiando el modelo productivo hacia uno que entienda la crisis que se viene a nivel global, entendiendo que no existe otra forma para evitar el colapso que cuidar el recurso. Si perpetuamos esta lógica en la cual el sector minero y los grandes sectores agrícolas poseen acceso garantizado sin regulación ni política seria medioambiental de por medio, nos enfrentaremos a una situación que no tiene retorno.
Nuestra región posee la posibilidad hoy, de enfrentar esta discusión más allá de la contingencia política y entender que lo que se realizará en la Convención Constitucional es el país que queremos para – al menos – los próximos 50 años. Y un país sin agua, está destinado a perecer.
Carolina Tello, Abogada, candidata a Diputada por la Región de Coquimbo.